La periodista Nekane Domblás denuncia en el diario Última Hora de 24.5.2016 que diversos cargos tanto del equipo de José Ramón Bauzá como del Govern de Francina Armengol no han presentado la declaración de bienes a la que están obligados al ser nombrados y tras su cese.
Dichas declaraciones constituyen un medio de control, pues la comparación entra la que se debe efectuar tras el nombramiento y la que corresponde realizar tras el cese permite observar si se ha producido un enriquecimiento anormal durante el mandato, si bien estas declaraciones se entregan al propio Govern, que es juez y parte, y hasta ahora han sido secretas, por lo que su efectividad es cuestionable. La situación puede cambiar si se llega a crear la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears (actualmente en fase de proyecto de ley) con competencia para gestionar el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades y para comprobar e investigar la justificación de las variaciones en forma de incremento del patrimonio de los cargos públicos, pues al tratarse de un órgano independiente del Govern el control ofrece más garantías.
Mientras tanto se ha dado un paso positivo con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2016, por el que se aprueba el Código ético del Gobierno de las Illes Balears, pues su artículo 2.3 establece que dichas declaraciones serán publicadas en el Portal de Transparencia, lo cual permite el control por la propia ciudadanía y medios de comunicación social.
Nekane Domblás se refiere a las declaraciones iniciales de siete cargos del actual Govern entre los que cita a la Secretaria general de Salut, Rosario Sánchez, la gerente del hospital de Son Espases, María Dolores Acón, y la subdirectora del Centre Balears Europa, Rosa Cañameras, y a las declaraciones finales de veintiséis cargos del equipo de José Ramón Bauzá, y dos cargos del Govern de Francina Armengol que han dejado el ejecutivo, el exconseller Joan Boned y el ex gerente de la Agencia Balear de Turismo, Miquel Àngel Roig. Entre los cargos del PP llama la atención el nombre de Antonia Perelló, que fue Directora de la Advocacia de la Comunitat y por tanto perfectamente conocedora de sus obligaciones, ahora diputada del PP, así como los exconsellers Martí Sansaloni y Núria Riera.
