23 de abril de 2016

LOS DESPIDOS NULOS DEL GOVERN BAUZÁ NOS CUESTAN MÁS DE DIEZ MILLONES DE EUROS


El 17.2.2016 Carlos Saura, diputado del Grupo Parlamentario Podemos registró en el Parlamento balear una pregunta: Si el Govern consideraba adecuada la política que se estaba llevando en relación con los trabajadores despedidos durante la pasada legislatura por la Comunidad Autónoma.

Recordemos que estos despidos se efectuaron siguiendo las directrices del Govern de Bauzà de realizar "recortes" en la Administración pública para paliar el déficit. Según Saura, la consellera de Hacienda había cifrando en diez millones de euros el coste de los despidos que habían sido declarados nulos por los tribunales.

Saura consideraba que la gestión de estos despidos nulos podía estar incrementando el coste de las indemnizaciones, pues había casos en que ya se había dictado sentencia y el Govern no la ejecutaba, esperando la ejecución judicial, y otros en que aún no había sentencia pero eran similares respecto de otros en que ya se había declarado la nulidad del despido, todo lo cual incrementaba el importe de los salarios de tramitación.

La presidenta del Govern, Francesca Lluch Armengol, en el Pleno de 2 de marzo de 2016, se limitó a responder que se habían readmitido algunos trabajadores, pero que en otros casos de la Administración instrumental de la CAIB no había sido posible porque el Govern Bauzà amortizó las plazas, de modo que al no existir ya la plaza que ocupaban la readmisión no era posible, sin dar respuesta suficiente a la pregunta planteada por el Sr. Saura.

El diputado Carlos Saura reiteró -desde nuestro punto de vista con toda la razón- que en cualquier caso se estaba produciendo un perjuicio a las arcas públicas al demorar la solución en los casos pendientes de juicio o de ejecución, lo que aumentaba el coste de las indemnizaciones, y que el Govern debería adoptar medidas.

Por tanto, dos prácticas de mala administración:
- La más grave, la del Govern Bauzá, de despedir trabajadores de un modo absolutamente ilegal e irresponsable. El Govern no puede incurrir en una ilegalidad masiva, como hizo, y además no puede ignorar que está engañando a la ciudadanía, vendiéndole los despidos como un ahorro necesario en la Administración cuando en realidad por su ilegalidad han supuesto un coste adicional tan considerable como son diez millones de euros.
- La del Govern actual, que pudiendo dar una pronta solución a los asuntos judiciales pendientes bien ofreciendo la readmisión en los casos en que fuera posible, bien ofreciendo la indemnización, no la está dando.