Cuando hablamos de corrupción la estrategia de las cloacas es aquélla que utilizan quienes por no ser inocentes no tienen otra defensa que intentar acabar con quienes les acusan. Exterminarlos o reducirlos a la inocuidad, como sea. En un sentido general es la estrategia mafiosa de descrédito, amenaza, coacción e intimidación a jueces y fiscales a través de las más diversas vías, modos y maneras, para disuadirles de comenzar o continuar determinadas investigaciones que afectan a la mafia y a la corrupción. Es la estrategia por la que determinados sectores delincuenciales de cuello blanco pretenden alcanzar la impunidad disuadiendo de cualquier actuación a quienes podrían acabar con aquélla mediante el miedo, el miedo al inmenso coste personal y profesional que para ellos puede llegar a tener enfrentarse a tales delincuentes.
Siempre hemos de tener presente que en estos casos los investigados y procesados no son esos choricillos que tan a menudo y con facilidad son arrollados por la maquinaria policial y judicial. No, ni mucho menos. Son personas con peso económico y amplias conexiones sociales y políticas, incluso en ámbitos jurídicos, y por ello con poder suficiente para poder llegar a “oxidar”, ralentizar, entorpecer, obstaculizar o impedir el curso ordinario de las investigaciones policiales y los procedimientos judiciales, y ello utilizando todos los medios a su alcance, que son muchos, porque el poder y el dinero abren muchas puertas y consiguen complicidades necesarias.
En una sociedad compleja como la nuestra ya no es preciso recurrir a las armas para liquidar a un juez o un fiscal como antiguamente hacía la mafia. Hoy se continua desactivando a los investigadores desde la ilegalidad (una ilegalidad que ya no es sangrienta en sentido literal, pero sí asesina), pero también por vías aparentemente legales. Por ejemplo, recurriendo a todo tipo de presiones que les llegan a jueces y fiscales desde los más diversos ámbitos y en diversos grados, desde el “consejo” o la “recomendación” de apartarse de un caso o finiquitarlo discretamente y sin atribución de culpabilidad (o sólo implicando a “piezas” de menor importancia) hasta la amenaza directa o indirecta; el espionaje y supervisión continuos de su vida privada, con la coerción personal que ello implica; la vigilancia permanente y exhaustiva de sus actuaciones profesionales buscando el más mínimo error o incluso criterio jurídicamente opinable que pueda ser utilizado para hundirles; las campañas de descrédito personal y profesional (la acusación de estar actuando por “motivos políticos”, la atribución de irregularidades en su vida privada, etc); el insulto público, la vejación, la injuria, la calumnia...
Como es natural los implicados en la corrupción nunca actúan personalmente. Recurren a sus conexiones políticas y sociales, a periodistas y medios de comunicación afines o con intereses compartidos, a personas o entidades interpuestas supuestamente desvinculadas de ellos que se presentan ante la ciudadanía incluso como “defensoras de la legalidad”.
En cuanto a estos últimos, los falsos “defensores de la legalidad”, queremos llamar la atención sobre el ejercicio espurio de la acusación popular o particular por determinadas personas o entidades, la posibilidad de utilizar la acusación como excusa para intervenir en las causas abiertas por corrupción, aunque en realidad no sea tanto para perseguir a los culpables como para tener información sobre su curso, advertir a los investigados cuando se avecina su imputación, facilitar la destrucción de pruebas que aún no han aflorado; influir en determinados testigos antes de su declaración para que no incriminen a nadie; dilatar la investigación y demorar el procedimiento; supervisar la acción judicial con la intención de poder volver el procedimiento en contra del propio juez que actúa. Se acaba amenazando a jueces y fiscales con el ejercicio de acciones judiciales, o incluso interponiéndolas, aunque puedan tener poco o ningún fundamento, induciendo con ello al ciudadano común y carente de especiales conocimientos jurídicos a sospechar, a desconfiar de las instituciones (“si hay una denuncia contra este juez algo debe pasar”).
Y todo ello con el fin de amedrentar, de inhibir, de conseguir la autocensura, la dejación de sus funciones por jueces y fiscales, su parálisis total. El propósito de estas campañas es que el coste personal y profesional de perseguir la corrupción sea tan alto para ellos que lo dejen correr, y que la advertencia resulte tan “ejemplar” para los demás que ningún otro ose iniciar o proseguir la instrucción y enjuiciamiento de estas causas.
Todo eso está pasando aquí, en la isla. Cuando oigan a Paolo Flores d’Arcais hablar “desde un país donde el tiro al blanco del régimen de Berlusconi y del establishment contra los magistrados que persiguen la corrupción y la mafia (y las tramas político-empresariales que de ellas se derivan) es desde hace años sistemática y cada vez más violenta, sin que las instituciones europeas se percaten de la gravedad del peligro”, no crean que estamos ante una realidad tan lejana. Sepan que la corrupción en todos los lugares aplica las mismas estrategias.
Hace tiempo que algunos han empezado una campaña contra el juez Castro, que como instructor del caso Palma Arena está llevando a cabo una de las investigaciones más complejas y trabajosas que en materia de corrupción hemos visto en Illes Balears. Como cualquier humano tiene sus virtudes y sus defectos, pero podemos asegurarles que tiene varias cualidades importantes: honradez profesional, afán por buscar la verdad más allá de las apariencias y de las dificultades, y valentía para enfrentarse a quienes probablemente tienen mucho más poder que él.
Los mismos –o alguno de ellos- últimamente han empezado también a arremeter contra el fiscal Horrach.
A través de ellos se pretende un escarmiento “ejemplar”, con ánimo de influir en los respectivos colectivos a que pertenecen.
Llegados a este punto seguramente ustedes se habrán dado cuenta de que pueden hacer una relectura de bastantes noticias que habrán visto en prensa (en papel o digital) relacionadas con uno u otro a la luz de las pautas explicativas que antes les hemos ofrecido. No se las vamos a detallar, pero tengan presente que cada día nos brinda nuevos ejemplos que podríamos encuadrar en los párrafos anteriores.
El Observatorio hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para que no se deje engañar, para que apoye a los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, para que desenmascare las torticeras maniobras contra ellos de quienes pura y simplemente nos han robado a todos.
