Saltarse un semáforo en rojo es una infracción administrativa (además de un acto antisocial que genera un grave riesgo para otros conductores y peatones), lo vea o no lo vea un agente de la Policía Local y resulte sancionado o no este hecho. Nadie va por ahí diciendo que saltarse un semáforo en rojo sólo es una infracción cuando se ha conseguido sancionar al conductor. Pero cuando se trata de corrupción, la clase política -que es la principal interesada en minimizar su relevancia- desde hace años está haciendo campaña para que se instale en el imaginario colectivo la idea de que sólo hay corrupción cuando hay una sentencia penal firme. Da igual si las evidencias son muchas, mientras no haya sentencia penal firme de signo condenatorio los políticos implicados, su partido (que no quiere quedar mal) e incluso sus aliados políticos (en la medida en que esto pueda afectar a los pactos contraídos) sostienen a coro la tesis de que hasta que haya sentencia condenatoria lo que rige es la presunción de inocencia, y por tanto se actúa como si no pasara nada. Sólo desde esta perspectiva tiene alguna lógica la discusión sobre los diversos momentos y aconteceres del procedimiento penal y el intento de vincular las dimisiones o los ceses a esos diversos trámites. Unos hablan de que los implicados deben dimitir con la imputación, otros sólo cuando se adopten medidas cautelares, y últimamente algunos ya proponen el momento de apertura del juicio oral. Vamos muy mal. Mucho.
A los ciudadanos nos da la impresión de que los políticos, conscientes de la duración de los procedimientos judiciales, se dedican a pastelear, qui dia passa s´any empeny, confiando en que la legislatura terminará antes de que existan sentencias firmes. Pero no nos van a confundir.
- La corrupción es corrupción, haya o no sentencia penal condenatoria.
Puede haber actos éticamente corruptos que no estén adecuadamente reflejados en el Código Penal. Esta deficiencia legislativa no convierte el acto corrupto en ético.
Puede haber actos que aún estando penados no llegan a ser objeto de un pronunciamiento judicial condenatorio porque el delito ha prescrito; la prueba es insuficiente para acreditarlo con la contundencia requerida en el ámbito penal (quizá porque los mismos autores de los hechos se han encargado previamente de destruirla); la acusación se ha equivocado al encuadrar jurídicamente los hechos y el juez por aplicación del principio acusatorio no puede optar por otra calificación; o por otras razones similares. Ninguna de estas circunstancias altera la naturaleza del acto corrupto ni sana la podredumbre que le afecta.
- Los ciudadanos no queremos que se mantenga a los corruptos en sus puestos ejerciendo funciones públicas. Lo relevante para adoptar una decisión es que existan evidencias, no necesariamente en el curso de un procedimiento penal.
- Estamos en estado de emergencia. La clase política debería ser consciente de ello. La extensión y gravedad de la corrupción detectada, el despilfarro, el desprecio más absoluto por el interés público y la persecución del lucro individual (o partidista) por cualquier medio que todos percibimos a través de las informaciones que vamos conociendo, configuran una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. La prudencia que quizá sería comprensible ante la aparición de algún caso aislado no se puede mantener cuando la sospecha se extiende a ámbitos políticos tan extensos, hasta el punto de afectar letalmente a la credibilidad de las instituciones y los partidos. Necesitamos urgentemente una clase política en la que poder confiar.
Pietro Grasso acierta con el diagnóstico, aunque en su caso se refiera a la mafia: “Se parallelamente all’azione della magistratura non si sviluppa una nuova classe dirigente che non si limiti ai proclami verbali ma pratichi quotidianamente la legalità, la mafia non tramonterà mai” (Per non morire di mafia, 2009). Si paralelamente a la acción de la judicatura no se desarrolla una nueva clase política que no se limite a hablar de legalidad mientras sus hechos nos dicen otra cosa, la corrupción pública no va a desaparecer, y desde luego nadie volverá a votar, porque decir que no, que no vamos a ser cómplices de quienes nos saquean en vez de gobernarnos, es lo único que nos va a quedar.
