Los ciudadanos estamos hartos de quienes pretenden extender una permanente sombra de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Juzgados instructores de estas causas con la afirmación de que “se trata de una persecución política”, que se repite una y otra vez con la esperanza de que una mentira repetida muchas veces acabe pareciendo una verdad. Estamos hartos de los intentos de silenciar a denunciantes o testigos con querellas prematuras, o directamente con amenazas. Estamos hartos de que algunos partidos adulteren la institución de la acusación particular simulando ser “ofendidos” por el delito para poder tener conocimiento de la investigación (¿y quizá poder advertir a posibles futuros imputados de sus propias filas?): sería mucho más justo que su intervención fuera la de responsables civiles subsidiarios, restituyendo con sus propios fondos las sumas saqueadas de las arcas públicas por los cargos que ellos designaron. Estamos hartos de recusaciones artificialmente construidas con el fin de apartar a jueces que pueden resultar “molestos” para los imputados o para los partidos a los cuales estos pertenecen y de paralizar las investigaciones. Estamos hartos de que cuando se destapa un caso de corrupción los partidos se amparen en la patética estrategia del “y tú más”.
La corrupción ya de por si es un cáncer para la democracia. Cuando políticos o funcionarios, con deslealtad a la población que representan o sirven, atienden a su propio beneficio o al de un partido o entidad a la que pertenecen y no al interés general, desvirtúan y adulteran el mismo sistema democrático, y además con su conducta detraen recursos públicos que debieran ir destinados a mejorar nuestras condiciones de vida. Pero la clase política está ahondando en ese cáncer al provocar una generalizada desafección de los electores con su patente falta de voluntad -demostrada con hechos por más que de boquita se diga lo contrario- de hacer frente a esta lacra. Con estupor vemos que lo que se hace es defender, justificar, encubrir, alabar, “apoyar incondicionalmente” a personas imputadas por corrupción, al mismo tiempo que se intenta deslegitimar el trabajo de las instituciones competentes para investigarla, y ello sólo puede inducirnos a pensar que los partidos están interesados en ocultar la corrupción y en mantenerla, por que si no fuera así, ¿qué interés tendrían en no permitir que la Justicia realice tranquilamente su trabajo, sin interferencias? ¿qué les impide ofrecer una colaboración leal a dichas instituciones para que se esclarezca la verdad de lo sucedido? Y esto es grave, porque el ciudadano que piensa esto ¿a quién va a votar? Probablemente en las próximas elecciones se quede en su casa.
Las personas imputadas tienen a su favor la presunción de inocencia, y ya se encargarán sus abogados de defenderles adecuadamente. En cuanto a los demás, por favor, dejen trabajar a Fiscales y Jueces.
