Según esta noticia publicada en el Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) de 20-1-2013 el Govern se propone:
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Suprimir la obligación de
informar sobre el patrimonio de altos cargos.
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Suprimir la posibilidad
de que el Parlament cite a altos cargos para que expliquen ante los diputados
la idoneidad de sus nombramientos.
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Suprimir el compromiso de
dar difusión pública a los contratos de obra entre 25.000 y 50.000 euros.
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Suprimir la obligación de
publicar las subvenciones y convenios suscritos por el Govern en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
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Eliminar la necesidad de
evaluar todas las intervenciones de la Administración que superen los 5
millones de euros.
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El Govern elegirá a dedo
al responsable de la Oficina de Transparencia.
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Se elimina la posibilidad
de procesos participativos por parte de la ciudadanía en la elaboración de
proyectos de ley.
