Algunos políticos imputados en procesos penales van diciendo que dimitirán cuando el tribunal “adopte medidas cautelares” contra ellos. Y otros políticos van diciendo que exigirán la dimisión de esos imputados en el mismo caso. Es difícil pensar que tales afirmaciones pretendan algo más que confundir a la ciudadanía, pues parece que se pronuncian con la intención de hacer ver que la adopción de esas medidas supone un plus de culpabilidad que justificaría ese paso, la dimisión, cuando realmente las medidas cautelares se adoptan o no en consideración a factores distintos de la culpabilidad del imputado.
Un proceso penal por delito conlleva la práctica de una investigación y de una serie de trámites encaminados a la preparación del juicio oral. Todo ello determina que desde su comienzo hasta el juicio y la sentencia pueda transcurrir un período más o menos extenso de tiempo. Puede pasar que los responsables del delito –o los sospechosos de serlo- intenten aprovecharse de ese lapso temporal para escaparse y eludir el juicio, o para manipular a testigos, ocultar o destruir pruebas. Para evitarlo y garantizar que el resultado del procedimiento y la efectividad de la sentencia se establecen las medidas cautelares.
Un imputado es la persona a quien en un procedimiento penal se le atribuye la comisión la comisión de un delito.
Requisito para la adopción de una medida cautelar es la imputación, que en el procedimiento haya una persona imputada, pero partiendo de ese presupuesto es necesario además que respecto de esa persona el tribunal aprecie la existencia de alguno de los riesgos que hemos mencionado: riesgo de fuga; de manipulación, ocultación o destrucción de pruebas; de que el inculpado se coloque en situación de insolvencia para no hacer frente a las responsabilidades económicas que resulten del procedimiento penal. Por tanto lo que está claro es que la adopción de medidas cautelares no tienen nada que ver con que se aprecie un mayor grado de culpabilidad, sino con la posibilidad de que el inculpado vaya a frustrar el fin del proceso, el juicio oral y la sentencia que se ha de dictar, y la necesidad de garantizar que eso no ocurrirá.
Puede ocurrir que resulte muy evidente la culpabilidad de un imputado, pero que el órgano judicial valore como poco probable su fuga o la ocultación o destrucción de pruebas, y por tanto no se adopte contra él ninguna medida cautelar. Más aún, en el mismo proceso puede haber dos imputados por el mismo delito y las mismas evidencias contra ambos, pero adoptarse medidas sólo respecto de uno ellos por considerar que sólo éste presenta alguna probabilidad de ocultar pruebas o eludir la acción de la justicia.
Por tanto, ¿tiene algún sentido vincular la dimisión de un político a la adopción de una medida cautelar que no añade nada a su culpabilidad? ¿Hay alguna diferencia entre un político meramente imputado y un político imputado a quien se le exige una fianza para garantizar el pago de una multa, por ejemplo? ¿La confianza en la solvencia del imputado que pueda tener o no el tribunal ha de ser el criterio para el mantenimiento de un político imputado en el cargo que ocupa? No parece que tenga mucho sentido.
En realidad parece que esos políticos que se aferran a la teoría de las medidas cautelares lo único que pretenden es dilatar el momento de la dimisión, simulando que ésta tendrá lugar cuando en el procedimiento se dé un paso más respecto a la culpabilidad de los acusados. O sea, parece que nos toman por tontos. Más bien de lo que se trata es, en unos casos, de mantenerse en el cargo a toda costa (sea por beneficiarse de eventuales aforamientos, sea en consideración a otros beneficios); en otros, simplemente de no arriesgarse a desequilibrar un pacto que se sostiene con evidentes dificultades. No hacer nada respecto de los imputados pero intentando que no lo parezca.
Sería bueno que los políticos empezaran a hablarnos con más claridad y transparencia. Si no quieren dimitir, que lo reconozcan, pero que no intenten liarnos con instituciones que no vienen a cuento. Queremos saber a qué atenernos.
