1. Promover una conciencia social y política de “tolerancia cero” a la corrupción. Por desgracia el reproche social aún es insuficiente (la corrupción no tiene repercusión electoral, por ejemplo), y el reproche político también. Los ciudadanos tenemos la impresión de que los políticos de boquilla la censuran pero con poca autenticidad, ya que no se aplican de modo claro y decidido las medidas existentes para evitarla, ni se adoptan nuevas medidas allí donde se aprecia la insuficiencia de las que hay, ni siempre se “destapan” las irregularidades graves y los casos de mala gestión , y además intentan limitar el concepto de corrupción al mínimo circunscribiéndola a aquello que ha sido objeto de una sentencia penal condenatoria firme, cuando en realidad es mucho más que eso. Las responsabilidades políticas han desaparecido del mapa, pero debemos recordarles que existen. Falta voluntad política para afrontar seriamente el problema de la corrupción.
Pacto social y político contra la corrupción, por la transparencia y la integridad. Sobre todo que nos resulte creíble. Nada de palabras huecas.
2. Aplicar efectivamente las medidas ya existentes. De nada sirve tener regulaciones que no se aplican, como por ejemplo la de incompatibilidades.
3. Actuar ante todos los casos de irregularidades graves y más aún cuando pueden ser constitutivas de delito, exigiendo las responsabilidades correspondientes y la reparación cuando sea procedente, y ello informando clara y suficiente a la opinión pública. Nada favorece tanto la extensión de la corrupción como la impunidad.
4. Analizar la normativa existente para estudiar y mejorar su grado de aplicación en materias como:
- La regulación de los conflictos de interés y de las incompatibilidades (empleos adicionales al derivado del ejercicio de responsabilidades públicas; declaraciones de ingresos y de patrimonio, y publicidad de las mismas; declaración de regalos; declaración de intereses privados relevantes para la gestión de contratos o en general para la toma de decisiones; seguridad y control en el acceso a información privilegiada; restricción y control de actividades privadas con posterioridad al cese...).
- La financiación de los partidos políticos (transparencia, fuentes, limitaciones al gasto electoral, control efectivo, etc).
- La regulación de materias “sensibles” como contratación, subvenciones, urbanismo.
Promover las reformas legislativas necesarias para mejorarla subsanando sus defectos o carencias. Promover la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.
5. Favorecer la creación y funcionamiento de instituciones y sistemas de control de la actuación pública.
6. Promover la participación ciudadana.
