Porque son problemáticas que atacan directamente las raíces del sistema democrático y del Estado de Derecho. Las Administraciones Públicas deben servir a los intereses generales. Cuando los políticos o los funcionarios que en ellas ejercen sus cargos y funciones no atienden a dichos intereses, sino prioritariamente a intereses económicos particulares, están desvirtuando y adulterando el sistema. Así la corrupción pública es la corrupción del sistema democrático y del Estado de Derecho.
Más aún, la corrupción y el fraude fiscal inciden en los servicios públicos de los que debería beneficiarse la comunidad, unas veces detrayendo fondos de las administraciones u organismos públicos y mermando su capacidad de actuación; otras veces, optando por alternativas que no son en realidad las que más hubieran beneficiado a la ciudadanía, o de muchos otros modos. Más corrupción es peor calidad de vida para quienes habitamos un territorio.
Sin embargo y pese a la gravedad de estas conductas en nuestra isla, Mallorca, la corrupción pública con frecuencia ha sido tolerada, respaldada o incluso aplaudida por la opinión pública, o al menos por importantes sectores sociales, y simultáneamente hemos asistido a sórdidas campañas de acoso y desprestigio contra quienes la denunciaban, investigaban y perseguían.
Con el deseo de incidir en la sensibilización social ante una problemática que ataca directamente a las raíces del sistema democrático y del Estado de Derecho, ponemos en marcha este Observatorio que nace abierto a la reflexión teórica más amplia y circunscrito, no obstante y en cuanto a los concretos casos de que se trate, al ámbito territorial de Mallorca.
