QUÉ PIENSAN LOS ESPAÑOLES DE LA POLÍTICA FISCAL

El Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es) publicó recientemente su estudio “Opinión pública y política fiscal”, del cual destacamos los siguientes resultados.

El 62’6% de los ciudadanos comprende la necesidad e importancia de la recaudación de impuestos para que el Estado pueda prestar servicios públicos y redistribuir mejor la riqueza en la sociedad, pero un preocupante 34’2% afirma sin rubor que “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”.

Un 82’8% opina que los impuestos no se cobran con justicia, esto es, no creen que pagan más quienes más tienen, y que además hay mucho o bastante (84’1%) fraude fiscal, lo cual crea injusticias porque unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (31’4%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (22’1%), obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen (21’9%) y así les desmotiva para continuar pagarlos correctamente (16’8%).

Respecto a quiénes defraudan, la mayoría apunta a las empresas (19’6%), en la política, en los partidos políticos (19’2%), y los ricos y poderosos (16’7%).

Un 65% de los ciudadanos considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

El CIS señala diversas conductas defraudatorias y pregunta a los entrevistados si son aceptables o inaceptables, pudiendo puntuarlas en una escala progresiva. Las conductas son:
- Personas que trabajan y cobran la prestación por desempleo.
- Personas que acuerdan con un comerciante o un profesional que no le cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio.
- Personas o empresas que fijan su domicilio en otros países para no pagar impuestos.
- Profesionales y trabajadores autónomos que no declaran a Hacienda todo lo que ganan.
- Personas que no declaran todos los ingresos en el impuesto sobre la renta (IRPF).
- Personas que fingen una enfermedad para conseguir una baja temporal en el trabajo.
- Personas que fingen una invalidez para conseguir una jubilación anticipada.
- Personas que cobran la jubilación y siguen trabajando.
- Personas que utilizan recetas de un/a pensionistas para conseguir medicamentos gratuitamente.
- Empresas que contratan a parados/as para evitar pagar impuestos y cotizaciones sociales.
- Empresas que pagan fuera de nómina parte o la totalidad del sueldo de sus empleados/as para evitar pagar impuestos y seguros sociales.
Estas conductas, al menos sobre el papel, son mayoritariamente rechazadas por los ciudadanos, quizá no lo suficiente visto lo extendidas que están. En cualquier caso llama la atención que sólo un 50’8% considere totalmente inaceptable que se paguen facturas sin IVA (“¿con IVA o sin IVA?”), aunque también es cierto que sólo para un 1’4% es totalmente aceptable.

En cuanto a las medidas para reducir el déficit público (el exceso de gasto sobre los ingresos), la mayor parte de los encuestados se pronuncian en contra de las siguientes:
- Reducir la inversión pública en infraestructura (46’3% en contra, 30’7% a favor).
- Reducir el gasto social (sanidad, educación) (88% en contra, 4% a favor).
- Aumentar los impuestos (70’4% en contra, 12% a favor)
- Privatizar ciertos servicios (limpieza, compañías de agua) (47’4% en contra, 27’5% a favor).